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Por Fernando RUIZ DEL CASTILLO

 

Al menos cada tercer día, desde hace un par de meses a la fecha, el gobernador Jaime Bonilla Valdez brinda un informe pormenorizado de la cobranza que realiza un despacho especialmente contratado para ir sobre los grandes deudores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos.

En uno de los tres a cuatro espacios diarios en los que divide su simi mañanera, el jefe del Ejecutivo Estatal exhibe la relación de empresas y la cantidad que éstas deben a la CESP de Tijuana, donde se ha concentrado el esfuerzo, en materia de consumo de agua y derechos de conexión al drenaje, etcétera.

Fisamex, una empresa externa sonorense contratada por el Gobierno del Estado y representada por el ingeniero Manuel García, estima hasta el momento en alrededor de 1,500 millones de pesos que pudieran recuperarse tan solo en Tijuana. De ser así, conservadoramente, en el resto del Estado pudiera hablarse de por lo menos otros mil millones de pesos.

Ha sido un ejercicio interesante en lo mediático, considerando que permitió exhibir -aunque sin demostrar- a las Comisiones de Agua de todo el Estado como las "cajas chicas" utilizadas por el Partido Acción Nacional para financiar las campañas electorales durante los 30 años que mantuvo el poder en el Estado.

Ha sido un ejercicio exitoso también desde el punto de vista político pues sirvió al gobernador para exhibir también a empresas y empresarios que no se han alineado con Morena y su gobierno e incluso, abiertamente opositores, como Jorge Hank Rhon, entre otros.

Ha sido sin duda un programa exitoso en lo económico, pero envuelto en un manto de opacidad que pudiera revertir los positivos efectos anteriormente mencionados.

Y es que la presencia de una empresa externa para hacer el trabajo que deberían hacer los cientos de contadores, lecturistas, ingenieros en sistemas  y profesionistas en general, nos lleva a hacernos varias preguntas.

¿Por qué se eligió a la misma empresa que ya estuvo trabajando para el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid?

¿Cuándo se lanzó la licitación y cuáles son los términos del contrato establecido con Fisamex?

¿Ex verdad que los servicios de la empresa sonorense costarán el 20% de la cartera recuperada?

Si Pitágoras no se equivoca y si Fisamex cumple su promesa de limpiar la lista de deudores, fácilmente se estarían llevando 500 millones de pesos, respetando el 20% de comisión por los dos mil quinientos millones de pesos cobrados.

Aunque, por la opacidad que alimenta los rumores, hay quienes aseguran que la comisión es del 30%.

Pero más allá de las especulaciones, el gobernador está obligado a aclarar el procedimiento para la adjudicación del contrato a Fisamex y los términos del mismo y al mismo tiempo explicar por qué no utilizó la capacidad humana y técnica de la CESP para llevar a cabo su programa de recuperación de cartera y ahorrarse cientos de millones de pesos.

Las razones para explicar lo último señalado pueden ser varias y todas ellas graves, como serían sospechas de corrupción, pérdida de confianza e incapacidad.

Pero hasta ahora no hemos sabido de un solo funcionario, ex funcionario, empleado o exempleado, técnico o administrativo de la CESP, salvo los no menos espectaculares anuncios de la secretaria de la Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez, que haya sido consignado a las autoridades.

Lo dicho.

Un exitoso ejercicio, espectacular y escandaloso, pero cubierto por la opacidad con una empresa especializada en auditorías que ya tenía al menos tres años trabajando para los gobiernos de Tijuana y de la administración panista de Francisco Vega de Lamadrid.

Y la falta de transparencia, como es el caso, genera dudas y multiplica las preguntas que terminan por ensuciar un programa exitoso de gobierno como es el acabar con la impunidad.

No hay que olvidar que en los detalles, está el diablo.

 

 

 

 

 

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