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Por Fernando RUIZ DEL CASTILLO

 

Seamos claros.

Pocos, muy pocos, por no decir que nadie, dudan de la capacidad académica y legal de la directora de Seguridad Pública Municipal en Mexicali, María Elena Andrade Ramírez.

Su currículum vitae y su paso por el servicio público la respaldan.

Ella es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y Maestra en Ciencias Jurídico Penales por el Centro Universitario de Tijuana (CUT).

Como experiencia profesional tiene haber sido Secretaria de Acuerdos en los Juzgados Penales, y Agente del Ministerio Público, Sub Procuradora de Justicia del Estado Zona Mexicali, además de fungir como responsable del Eje Operativo de Implementación Nacional del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Procuraduría General de la República.

Ha sido catedrática en la Universidad Autónoma de Baja California en las asignaturas "Delitos del Orden Común, y Derecho Procesal en el Nuevo Sistema de Justicia Penal".

Seguramente por eso, los regidores del XXIII Ayuntamiento de Mexicano no dudaron en darle de manera unánime su voto para que asumiera la Dirección de Seguridad Pública Municipal, un área que por su naturaleza resulta estratégica en cualquier nivel de gobierno.

Pero lo que parece ser no tomaron en cuenta los integrantes del H. Cabildo local, es que no es lo mismo el ejercicio profesional desde la comodidad de una oficina, que el tratar con hombres y mujeres que arrastran años de experiencia de andar en las calles enfrentando a delincuente y criminales.

Estos hombres y mujeres, policías municipales, que se las saben de todas todas. Que unos son buenos y otros son malos y los hay peores. Pocos, pero los hay, aunque son los que más ruido y daño hacen a la imagen de la corporación.

Hoy, esos hombres y mujeres de sangre azul están molestos con sus superiores porque ahora no solo enfrentan a la delincuencia, sino que luchan contra la pandemia del Covid 19, olvidados, desprotegidos y desamparados.

Su exigencia es legítima porque la mortal enfermedad mató en menos de dos meses a cinco elementos de la policía de Mexicali; más que los que las balas de la delincuencia ha matado en, por lo menos, los últimos cinco años.

Muertes que pudieron ser menos, pero que además amenazan con aumentar, por la falta de previsión y apoyo de sus autoridades al no dotarlos de cubrebocas, mascarillas, guantes, gel desinfectante, cloro y toallas suficientes, así como sanitización de espacios y vehículos.

Los policías están irritados y preocupados. Naturalmente que también, como seres humanos que son, tienen miedo por su salud, su vida y las de sus familias.

Y tienen razón para estar temerosos porque son ellos quienes están siempre en la primera línea de la batalla contra la inseguridad. Son los primeros respondientes y se encuentran permanentemente expuestos a contactos físicos con ciudadanos y delincuentes.

El haber despedido a dos subcomandantes ayuda a bajar la presión, pero no resuelve el problema de fondo, porque la pandemia sigue ahí y sigue contagiando a policías y sus familias, además la inconformidad no se ha reducido sino que, por el contrario, va en aumento.

María Elena Andrade Ramírez debe encontrar la forma de resolver las justas demandas para proteger a los elementos operativos y administrativos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sin que se afecte la vigilancia y protección de los mexicalenses.

Debe hacerlo, primero, por salud propia; segundo, por la del personal a su cargo y, tercero, por lo que un cuerpo policiaco efectivo, eficiente, sano y agradecido representa y significa, como valor específico, para la calificación final de la forma de gobierno del alcalde en turno.

 

 

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