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Por Fernando RUIZ DEL CASTILLO


 


Ocupados como están en proteger los intereses propios y los de su partido, la mayoría de los legisladores de Morena y sus aliados en el Congreso del Estado pasan y dejan pasar el tiempo sobre temas verdaderamente importantes y, al mismo tiempo, urgentes.


Pero, en justicia, tampoco por parte de la oposición se observa otra cosa más que críticas, lamentos, quejas, arrebatos, acusaciones públicas. Hay parálisis, por complacencia o por complicidad y en algunos casos, por incapacidad.


Atienden, eso sí, tanto los morenos, como aliados, oposición e independiente o sin partido, todo lo que les mandan desde el Poder Ejecutivo. Votos más o votos menos pero la mayoría siempre está ahí, a tiempo y en tiempo para darle legalidad a lo inmoral.


El ejemplo más reciente de la inmoralidad está en la comisión de gobernación del Congreso Local que preside Juan Manuel Molina, a cuyo cargo estuvo la aprobación de la "iniciativa" del diputado independiente Miguel Ángel Bujanda, para permitir a alcaldes, regidores y diputados locales que aspiren a la reelección no se separen de sus cargos.


Tan mezquinos son que ni siquiera esperaron que pasara el pico de la pandemia que azota al país y del que Baja California no está exenta, para sacar adelante la iniciativa de marras.


Y aunque oficialmente la XXIII Legislatura local se encuentra paralizada debido a las restricciones sanitarias, los diputados de Morena, sus aliados y uno que otro interesado independiente, entraron de lleno a la tecnología digital y mediante sesión extraordinaria virtual están listos a aprobar éste y otros pendientes, en el pleno virtual también, de la Cámara de Diputados.


Porque de igual forma, producto de la avaricia y carentes de visión, estarán aprobando seguramente la propuesta del gobernador Jaime Bonilla para aplicar un impuesto a los distribuidores de comida a domicilio, lo que seguramente llevará a la quiebra a muchos de estos negocios.


Y hablamos de que esta Legislatura está tan alejada de la sociedad bajacaliforniana y tan cercana al Poder Ejecutivo y a sus intereses, que no se han atrevido a sugerir siquiera como una forma de allegarse recursos para enfrentar la contingencia sanitaria, de revisar y reducir el presupuesto estatal 2020.


Hasta el momento nadie, ni mayoría ni oposición, se han echado un clavado en el presupuesto de egresos del Gobierno de Baja California para eliminar gastos, reducir otros innecesarios, para aplicarlos en el área de Salud.


Tampoco hemos visto que el gobernador Bonilla gire instrucciones directas, claras, para que sus funcionarios le presenten siquiera una propuesta de revisión para reducir la nómina o eliminar partidas especiales como los llamados "gastos generales" que suman cientos de millones de pesos.


Algo debe de haber en esos 55 mil millones de pesos presupuestados en el gasto estatal que pueda ser de plano eliminado o bien reducido para destinarse a la compra de equipo médico, medicamentos, respiradores artificiales, compensaciones para médicos y enfermeras, equipo, etcétera.


Sabemos, por lo que analistas financieros advierten, que ante la segura reducción en los ingresos, difícilmente el Gobierno Federal podrá cumplir con las transferencias comprometidas a los gobiernos estatales, incluyendo por supuesto a Baja California.


Es momento pues de que en cumplimiento a su responsabilidad, cuidando su integridad física y la de sus colaboradores, los diputados y las diputadas de la XXIII Legislatura de Baja California se dejen de ocurrencias virtuales y sesionen de manera presencial un solo tema:


La reducción del presupuesto de egresos de Baja California 2020 y su reasignación a la salud y la reactivación económica del Estado.


Lo demás, su intereses personales y ambiciones políticas, pueden esperar. No olviden que su patrón es el pueblo de Baja California y que forman parte de un poder independiente, no a lo que les dictan desde el Ejecutivo.


Es cuánto.




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