Battle on middle east for Eagle Warriors

ENCUENTRO29.COM




 

La lucha contra la corrupción ha sido, por décadas, una de las frases preferidas de los candidatos a diversos puestos de elección popular, tanto a nivel federal como estatal y municipal e incluso, hasta escolar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha tomado como su principal lema.

No hemos llevado la cuenta, pero seguramente son cientos de miles las menciones que de la palabra "corrupción" ha hecho en su larga vida política.

Igual fue retomada por el ahora gobernador Jaime Bonilla Valdez durante su campaña a la gubernatura del Estado y aunque en menor número, también fue utilizada por la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Han sido también docenas las advertencias sobre denuncias que anteceden o preceden a la palabra de marras e incluso hasta le ponen nombres y apellidos, cargos y posiciones.

No han sido pocas las ocasiones en las que, por citar un ejemplo local, el gobernador Bonilla Valdez ha señalado que se está investigando por corrupción y desvío de recursos públicos por al menos 1,700 millones de pesos al exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, a los exsecretarios de finanzas Antonio Valladolid, Bladimiro Hernández Díaz y la exoficial mayor, actual diputada local por el Partido Acción Nacional, Loreto Quintero.

Durante su campaña fue muy claro al señalar que se actuaría en contra de quienes, sin importar su nombre y posición política, haya actuado en contra de los intereses de los bajacalifornianos.

La mayoría de los ciudadanos, hartos de los excesos y abusos de gobernantes emanados del Partido Acción Nacional, vieron en el candidato morenista la esperanza para que se ejerciera acción penal en contra de quienes llevaron a Baja California a un desastroso estado económico que amenaza con mantenerse por tiempo indeterminado.

Por esa esperanza votaron.

Por ese discurso insistente, reiterado y que reflejaba los anhelos ciudadanos para acabar con la corrupción, Jaime Bonilla llegó a la gubernatura del Estado.

Todo ello como consecuencia del hartazgo contra el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, donde las evidencias sobre desvíos de recursos públicos fueron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación en los últimos cinco años.

Muchos casos más fueron expuestos en algunos medios de comunicación relacionadas con adjudicaciones directas de multimillonarios contratos, licitaciones "a modo" para determinados proveedores, obras inconclusas, evasión fiscal, etcétera.

Pero hasta el momento todo sigue igual.

Las ruedas de la justicia y de la fiscalía anticorrupción parecen estar enmohecidas y, en consecuencia, frenadas. No hay avances y, la verdad, ni siquiera estamos seguros de que haya alguna carpeta de investigación abierta.

Han transcurrido dos meses y medio ya desde que Jaime Bonilla Valdez asumió la gubernatura del Estado. Lo hizo con todo el aparato de poder y legal a su favor.

Es tiempo más que suficiente para que haya terminado de aceitar la maquinaria y eche a volar el motor de la justicia.

Los bajacalifornianos lo están esperando y no parecen estar dispuestos a esperar mucho tiempo, mientras que los señalados disfrutan de las mieles de la corrupción y la impunidad.

COMENTARIOS