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Dícese que, para evitar caer en la configuración de actos de nepotismo, funcionarios de distintos niveles de gobierno, acostumbraban a pedirse favores para colocar a parientes, esposas, novias, novios y amantes.

Es decir, yo secretario de tal oficina te pido por favor me coloques ahí en tu nómina a mi esposa o a mi esposo y tú mándame para acá a tu novia o a tu novio, un hermano, a tu mamá…a quien quieras.

Las nóminas federal, estatales y municipales estaban (y por lo que veremos la práctica continúa) llenas de familias de los altos, bajos y hasta medianos funcionarios que la llevaban bien con el jefe.

Por supuesto que todo esto era (y sigue siendo) una estrategia para evadir la ley.

Viene al caso lo anterior porque les vamos a platicar de un caso muy especial que, creo, cabe en ese supuesto que arriba mencionamos.

Su nombre es Jorge Alberto Castro.

Pero no nos referimos al primer esposo de Angélica Rivera ni es el hermano de la no menos popular actriz Verónica Castro llamado José Alberto Castro.

Podíamos decir que es casi su homónimo.

Su segundo apellido, el materno, es Boozo, y nada tiene que ver con la presentadora peruana, radicada desde hace varios años en México, Laura Bozzo. El de ella lleva doble "z" y el del varón es con doble "o": Boozo.

Su nombre y el de su esposa,identificados con las luchas sociales de izquierda, aparecen repetidamente en los medios de comunicación desde hace un par de décadas, como cabecillas de movimientos de invasión de terrenos en la Zona Costa y particularmente en Tijuana.

Ambos fueron dirigentes de El Barzón.

Hoy, su esposa Vicenta Espinoza Martínez es la Secretaria de Función Pública y Honestidad del Gobierno del Estado de Baja California, con un papel hasta ahora discreto, color gris fuerte y rayando en la mediocridad.

Pero resulta que nos enteramos que su esposo, Jorge Alberto Castro Boozo, pasante de informática, también ha sido incorporado desde el 1 de enero pasado en la nómina estatal, disfrutando de los beneficios económicos del generoso gobierno transformista de Jaime Bonilla Valdez.

Apenas ayer en este mismo espacio le comentábamos que la alta funcionaria, responsable de velar porque el gobierno estatal que forma parte de la Cuarta Transformación se mantenga en la línea de la rectitud y la honestidad, difícilmente atenderá las denuncias públicas que advierten de irregularidades administrativas solapadas en el Instituto de Servicios de Salud del Estado que encabeza el doctor Alonso Óscar Pérez Rico.

Porque resulta, señoras y señores, que el esposo de la señora funcionaria, el citado Jorge Alberto Castro Boozo, es nada mas y nada menos que el titular de la Unidad de Desarrollo Institucional y Apoyo a la Transparencia del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Baja California.

No lo podemos asegurar, pero podemos deducir que la encargada de vigilar el comportamiento de los funcionarios y servidores públicos, así como sancionar a quienes se desvíen de ese compromiso, solicitó el favor al cuestionado secretario Pérez Rico para que colocara a su esposo en el organigrama de Isesalud, con un nivel de empleado de confianza y el puesto de soporte administrativo "A".

La solicitud oficial de la incorporación de Castro Boozo, quien tendrá un nada despreciable sueldo mensual de alrededor de $30 mil libres de polvo y paja, está firmada por el propio secretario de Isesalud, el mismo que ante las cámaras y los medios insiste en que no lo han llamado a cuentas y que, si lo hacen acudirá de inmediato porque "no tiene nada que esconder".

A lo mejor el funcionario estatal, quien presume además su cercanía con el gobernador Bonilla Valdez basando en ello su confianza en que se mantendrá firme en el cargo, le apuesta más a la visión del acuerdo que tuvo con Vicenta Espinoza, lo que le permitió adquirir el pasaporte a la inmunidad y la impunidad.

Vicenta y Alonso Óscar, ambos funcionarios de primer nivel en la administración de Bonilla Valdez, cambiaron cartas, una práctica común en los gobiernos conservadores que fue sumamente criticada, cuestionada y señalada por la sociedad en general.

A pesar del evidente conflicto de interés ¿hicieron sus acuerdos por iniciativa propia o con el consentimiento del Gobernador del Estado?

Y si no lo sabía, independientemente del interés de Pérez Rico por favorecer a determinadas empresas ¿cuántas cosas más le estarán ocultando al jefe del Ejecutivo Estatal?

Son preguntas.

Hasta mañana.

 

 

 

 

 

 

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