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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), movimientos irregulares en las cuentas de José Luis Vargas, Magistrado electoral; que en el periodo comprendido entre 2013 – 2017, cuadruplicó sus ingresos, reveló el diario Reforma.

De acuerdo con la información vertida en el periódico mencionado, las autoridades federales detectaron depósitos en efectivo, aportaciones provenientes de gobiernos estatales y operaciones millonarias a través de tarjetas de crédito; además de que también se revisó la adquisición de dos inmuebles.

Según los reportes oficiales que cita Reforma -y a los que tuvo acceso- las últimas cinco declaraciones anuales hechas por Vargas ante la SHCP, sus ingresos muestran un notable crecimiento.

En el año 2013, José Luis Vargas ejercía como abogado de asuntos electorales, su declaración de ingresos era por un millón 791 mil pesos. Cuatro años después, en 2017, Vargas ya fungía como Magistrado electoral; para esa fecha su declaración de ingresos sumaba 7 millones 270 mil 317 pesos, de acuerdo a los documentos oficiales del Magistrado.

Durante su primer año como Magistrado (2016), publica Reforma, Vargas aumentó sus ingresos en un 54 por ciento; con lo que sumó un total de 3 millones 334 mil pesos ese mismo año, pese a que sólo había cobrado dos meses y un aguinaldo. Posteriormente, para 2017, el Magistrado duplicó sus ingresos a poco más de 7 millones de pesos.

Cabe señalar que los ingresos anuales brutos de un Magistrado de la Sala Superior pueden sumar hasta 4 millones 451 mill 601 pesos. No obstante, los ingresos reportados por Vargas en 2017 indican un 63 por ciento más, respecto a la cantidad máxima que puede recibir un Magistrado anualmente.

Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene conocimiento de movimientos por la cantidad de 14 millones 96 mil 478 pesos en un periodo de dos años, entre 2016 y 2018, a través de una tarjeta American Express a nombre del Magistrado Vargas.

Otro de los movimientos que captó la atención de la UIF, es un depósito monetario por la cantidad de 500 mil pesos proveniente del Gobierno de Sonora. Cabe destacar que los magistrados electorales tienen prohibido recibir otros ingresos laborales o profesionales que no provengan del encargo judicial. Esta limitante está sustentada en el artículo 101 de la Constitución.

Por esta razón, la UIF consideró irregular la transferencia monetaria, pues no es común que un Gobierno estatal haga un depósito elevado a un funcionario, quien no puede prestar servicios por un artículo de la Constitución.

Además, también se revisan tres depósitos hechos en efectivo: uno de ellos es del año 2016 por la cantidad de 400 mil pesos y otros dos realizados en 2018; uno por 200 mil pesos y otro por 220 mil pesos.

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