Por Salvador García Estrada.

            

                                                        El enorme rezago que presenta la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en el cobro de los servicios que presta, -denunciado por la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez- prueba, hay que decirlo-; "la institución siempre fue manejada por funcionarios irresponsables y corruptos". A cambio de que ¿. La respuesta es obvia.

                                               ¿Como es posible que los adeudos hoy reclamados hayan alcanzado cifras relevantes -mil millones de pesos- sin que nadie se haya dado cuenta?  La única respuesta es que usuarios influyentes se coludieron con malos funcionarios de la paraestatal, para eludir pago de sus consumos algunos, otros pagando cuotas mínimas, y, hasta instalando tomas clandestinas, para robarse el agua y cometer un fraude.   

                                               Conocemos un poco la administración de las Comisiones Estatales de Servicios creadas para administrar los servicios de suministro de agua, drenaje, entre otros, ya que junto con el ingeniero Luis López Moctezuma, designado como gerente y el suscrito responsable de la tesoreria-recaudacion, por instrucciones del gobernador Raúl Sánchez Diaz – de gratos recuerdos-, tuvimos la oportunidad de organizar la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, CESPM.

                                               Recordamos que fue nombrado un Consejo de Administración, presidido por Ejecutivo Estatal, del cual formaban parte funcionarios del área de servicios públicos, los connotados empresarios Alfredo Araiza y Rodrigo Valle; que se reunía mensualmente, para revisar sus estados financieros y reportes relacionados con la operación del organismo, los proyectos de obras, mantenimiento, etc,etc,  y  temas administrativos, básicamente, sobre el cobro del suministro de agua y  servicios.

                                               Anualmente, presentábamos el balance general, apoyado con anexos y comprobantes a la entonces Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, para su revisión y aprobación.

                                               En tal contexto, vale cuestionar, ante la irresponsabilidad y actitudes corruptas de los funcionarios de la  institución:  ¿En dónde estaban los auditores que revisaban su funcionamiento, de manera particular las condiciones que guardaba el cobro de los servicios? ¿Qué papel desempeñaron los representantes del sector privado integrantes del Consejo, que según parece nunca se dieron cuenta de los irregulares manejos recaudatorios de los funcionarios?

                                               Por lo visto, las revisiones de sus estados financieros por parte del órgano autorizado del Congreso del Estado, se hicieron de tal manera que nunca detectaron las corruptelas de los operadores del organismo, lo que huele a complicidad legislativa. . .

                                               Hoy se habla de castigar a quienes cometieron actos de corrupción -y cobrar los adeudos-, se antoja preguntar:   y, a quienes participaron en las corruptelas mencionadas, y sus cómplices ¿quién los va a castigar, considerando que también cometieron delitos graves que ameritan sanción?   Seria  muy saludable, por lo menos,  conocer sus nombres.  

[email protected]

COMENTARIOS