Si bien es cierto que la negociación inteligente en ocasiones ofrece resultados positivos, no hay duda de que la sumisión garantiza enormes y cuantiosos beneficios, sobre todo cuando de los económicos se trata.

¿O acaso usted es de los que creen que las decisiones de la mayoría morenista y sus aliados en el Poder Legislativo se han tomado por convicción política y coincidencias sociales?

Si usted fue de esos, déjeme decirle que se ha equivocado.

Sépase usted que la XXIII Legislatura local es el único Poder que no sufrió merma alguna en su propuesto de egresos para el año en curso e incluso, se vio incrementado con relación al ejercicio inmediato anterior en más de 60 millones de pesos.

Sí, así como lo lee.

En pleno discurso de austeridad a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador convoca un día sí y el otro también a todos los servidores públicos de todos los poderes y órdenes de gobierno, los diputados y diputadas del Congreso del Estado de Baja California gastarán más dinero que todas las legislaturas anteriores.

De acuerdo con la Ley del Presupuesto de Egresos del 2020 publicada en el Periódico Oficial del Estado del 31 de diciembre del 2019, el Gobierno del Estado de Baja California ejercerá este 2020 un presupuesto en números redondos de $54 mil millones, unos mil millones de pesos menos que el año pasado.

Durante el ejercicio fiscal 2019, en el Poder Ejecutivo se aplicaron $53,203.4 millones; $1,000 millones al Poder Judicial y los restantes $730.5 millones fueron para el Poder Legislativo.

Este año, al Poder Ejecutivo se le aprobaron $52,136.2 millones; $1,000 millones para el Poder Judicial y $791.9 millones para el Poder Legislativo.

Los números son fríos y son claros: La mayor reducción, donde aparentemente se refleja el interés por aplicar la política de austeridad es en el Poder Ejecutivo, en tanto que el Poder Judicial se mantiene igual y el Poder Legislativo resulta el ganón con $60 millones de pesos adicionales al ejercicio inmediato anterior.

Es evidente que, a los legisladores de Baja California, los llamados presidenciales para reducir el gasto en el servicio público les entró por un oído y les salió por el otro.

Por supuesto que en todo esto también habría que considerar hasta qué punto fue la negociación con el Poder Ejecutivo a través del titular de la Secretaría de Hacienda y el propio secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

Seguro que ni se trató de una graciosa concesión, sino tiene todos los elementos para considerar que ese incremento en la partida presupuestal al Poder Legislativo fue una negociación en la que el equilibrio de poderes quedaría sólo como referencia en la constitución.

Los primeros resultados ya se están dando y por eso los señores diputados y señoras diputadas prefieren no hacer ola cuando de atender lo reclamos del sector privado se trata, luego de las reacciones de inconformidad derivadas de la creación de nuevos impuestos y aumentos en otros gravámenes contemplados en la Ley de Ingresos 2020 aprobada vía "fast track".

Sumisos, sin objetar ni una sola coma, tan vez como consecuencia de las prisas por salir a hacer sus compras de las fiestas navideñas y como consecuencia también de su ignorancia por el tema, la mayoría morenista y sus aliados antepusieron sus intereses personales por sobre los de una mayoría a la que prometieron servir y no servirse.

Sin respeto, ofrecieron su dignidad humana y convicción política a cambio de mantener los privilegios de sus antecesores. No hubo reducción en la nómina, tampoco se bajaron sus percepciones, siguen rodeados de asesores y aviadores y les han tomado gusto, y mucho, a la frivolidad y la milonga.

A cambio pues de mantener e incrementar esos privilegios, el Poder Legislativo está entregado en brazos del Ejecutivo. La convicción política sigue sujeta al presupuesto.

 

 

COMENTARIOS