El gobierno dejó en manos del sector privado la posibilidad de crecimiento para el próximo año y no lo hace por gusto ni por filosofía, sino porque ha fracasado rotundamente por sus malas decisiones.

Se quedó sin dinero, la inversión pública cayó la barbaridad de 15.2 por ciento de enero a agosto, la recaudación se les vino abajo y el crecimiento económico del país es cero.

Los líderes empresariales Carlos Salazar Lomelín y Antonio del Valle negocian directamente con el presidente López Obrador un vasto programa de inversiones para el próximo año.

Es decir, la IP entra al rescate del gobierno de AMLO.

Muy bien. Es la oportunidad para reencauzar al país. Ahora o nunca –o en décadas.

Carlos Lomelín y Antonio del Valle no pueden olvidar que están sentados con el Presidente en su calidad de representantes del empresariado mexicano, y que el sector privado tiene una filosofía que va mucho más allá de ganar dinero.

¿Van a salvar a la 4T a cambio de unas cuantas carreteras o negocios para sus amigos?

Si se entregan por canonjías para unos pocos, abonarán en lo que apunta hacia una tiranía.

Los líderes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios tienen la obligación de echar abajo la equiparación de evasión fiscal con delincuencia organizada, porque ahí está el huevo de la serpiente de un régimen que se encamina a desconocer las garantías individuales.

Debe ser sancionada, y fuerte, la evasión. Pero no se puede permitir que por las sospechas de un empleado del SAT, empresarios vayan a la cárcel y sean despojados de sus bienes sin antes tener un juicio.

Así Morena alineará y doblegará a los empresarios, so pena de encarcelarlos y quitarles sus bienes sin haber sido declarados culpables de nada.

El gobierno va abiertamente por suprimir la presunción de inocencia y abolir las garantías individuales.

¿Lo van a permitir los empresarios?

Es la historia, y no la prensa del día, la que observa a Carlos Salazar y a Antonio Del Valle.

Bienvenida e indispensable la lucha contra la corrupción, aunque debe ser pareja y apegada a la ley.

El gobierno no puede usar una licencia de conducir falsa para tener presa a su aborrecida excompañera Rosario Robles, y ponerle como juez al sobrino de Padierna y Bejarano que festejan su revancha en redes sociales.

Así no se hace justicia, sino venganza.

Para los adversarios políticos, cárcel y escarnio público. A los suyos, apapachos y exoneraciones presidenciales desde Palacio Nacional.

¿Ese proyecto político va a financiar el empresariado mexicano?

Parece evidente que los empresarios deben pedir que a la Corte vaya un ministro que dé garantías por sus capacidades, y no por su lealtad al proyecto aplastante de Morena.

Libre empresa, respeto a la divergencia, apertura económica, Estado de derecho y piso parejo para la competencia parecían ser valores irrenunciables de la iniciativa privada.

¿Seguirán siendo? ¿O los van a cambiar por unos puentes y mejoras en algún puerto?

Este es su momento. El gobierno depende del sector privado para evitar el colapso.

A los empresarios que recibieron condonaciones fiscales (legales) en sexenios anteriores, linchamiento público. Y a sus funcionarios y líderes que tuvieron el mismo beneficio, justificaciones al más alto nivel.

Bien, para abajo los perdones fiscales. Sin embargo en sólo nueve meses de este gobierno se han condonado adeudos por 414 millones de pesos. Eso es más, por ejemplo, que los 363 millones condonados en todo 2014.

Que gobiernen con el ejemplo, no es mucho pedir.

El empresariado mexicano, ahora que en estos días tiene poder, no puede dejar que el futuro de generaciones de niños mexicanos quede a merced de la CNTE y de los programas sociales del gobierno.

Piso parejo para la libre competencia requiere de mejor educación.

En manos de Salazar Lomelín y Antonio Del Valle está comprometer al gobierno a reivindicar los exámenes de evaluación para contratar y ascender a maestros.

Al gobierno le urge el dinero del sector privado. Si no llega, fracasa.

Y los empresarios requieren invertir para cumplir con su función.

La opción es clara: que el gobierno permita invertir donde la ley ya se los autoriza. En el sector energético, por ejemplo.

Si el gobierno quiere gastar el dinero de los contribuyentes en una refinería financieramente inviable, una lástima, que lo haga: ganaron las elecciones.

Aunque si busca inversión privada, que no le cierren a las empresas ir por petróleo, donde el gobierno no va porque no tiene dinero y porque no es rentable ir solo.

Que regresen las rondas y los farmouts.

En Palacio Nacional los empresarios tienen que pedir, por lo menos, garantías para invertir.

Garantías para sus negocios, sí, aunque también y subrayadamente para hacer valer principios del sector privado.

Fortalecer el Estado de derecho y las libertades por encima del proyecto político de AMLO que, en este momento, por necesidad y no por convicción, busca el salvavidas de los empresarios.

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