por: Fernando Ruiz del Castillo
Algo CADA DÍA

 

 

Por Fernando RUIZ DEL CASTILLO

 

La alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, puso en revolución las redes sociales -y algo más- desde temprana hora del viernes pasado.

Y es que una nota publicada en la página web de Zeta y firmada por su directora, Adela Navarro, levantó las cejas entre varios distinguidos miembros de la clase política en Baja California, con repercusiones en la capital del país.

Sobre todo, paró de pestañas a varios de quienes hoy ocupan el absoluto poder político.

No era para menos.

La denuncia de la alcaldesa del Pueblo Mágico de haber sido recibido amenazas del gobernador Jaime Bonilla, por medio de su secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano para que aprobara la "Ley Bonilla II" puso en la mira nacional al gobernador y a su círculo rojo.

Zulema tocó un tema delicado, citó a funcionarios que, dijo ante la secretaria de Gobernación, Olga Cordero, utilizaron el nombre y la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, para reforzar su amenaza.

Salvo una tímida respuesta de dos párrafos del secretario genera de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, nadie ha desmentido la denuncia pública de la alcaldesa de Tecate.

Eso sí, una andana de insultos y señalamientos en contra de Zulema Adams se ha dejado ver a través de las redes sociales, alentadas por comentarios misóginos y muy poco caballerosos del jefe del Ejecutivo Estatal.

La denuncia de la Presidenta Municipal de Tecate merece ser investigada. Es una acusación seria que implica no solo la amenaza en sí, sino un abuso de poder y el intento grave de intromisión en la autonomía municipal.

Jaime Bonilla debe entender que su responsabilidad como gobernador del Estado para con los ayuntamientos es de coordinación, no de subordinación.

No puede ni debe actuar en una responsabilidad pública como gerente de una empresa. Como él, la alcaldesa Adams fue electa por los tecatenses y a ellos tendrá que rendir cuentas.

Pero de las amenazas en su contra, supuestamente transmitidas por el secretario general de Gobierno, corresponderá al gobernador responder puntualmente.

Hasta ahora, sólo ha habido fuegos artificiales y un silencio complaciente y cómplice del Congreso del Estado que ya debería haberlo llamado a cuentas.

Pero no lo verán nuestros ojos.

Esos sí, son sus empleados.