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El TEPJF determinó que el Tribunal Electoral de Baja California tendrá que resolver la duración del mandato de Jaime Bonilla antes del 22 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Tribunal Electoral de Baja California tiene hasta el 22 de septiembre para resolver la duración del mandato del gobernador electo Jaime Bonilla.

El TEPJF desechó una queja de Movimiento Ciudadano, en la que se acusaba al Tribunal local de omitir resolver el asunto.

Por otra parte, el Tribunal ordenó a Morena que inicie de oficio un procedimiento para determinar si existen irregularidades en su padrón de militantes.

Alejandro Rojas Díaz Durán impugnó los acuerdos del Consejo Nacional de Morena del 7 de julio de 2019, en los que se aprobó crear una comisión de organización que apoye al Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión de Elecciones para el próximo proceso interno y reconoció el padrón de afiliados.

En sesión pública, la Sala Superior consideró infundados los agravios; y a fin de dar certeza a la militancia de Morena en torno al padrón, se ordenó a la Comisión de Justicia del partido que inicie de oficio un procedimiento con el fin de determinar si existe algún elemento que evidencie o no irregularidades en el padrón de militantes.

 

BAJA CALIFORNIA
Instruye Bonilla dotar de internet y red celular al
Redacción
El gobernador electo Jaime Bonilla Valdez instruyó al propuesto secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, integrar equipo de trabajo para implementar el programa presidencial


• En temas de seguridad, reiteró que en Baja California prevalecerá el orden sin privilegios para quienes violentan las leyes y la normatividad, como el caso del casino de San Felipe, que fue clausurado tres veces y lo reabrieron, hasta que autoridades federales actuaron, con orden de cateo, y confiscaron las maquinitas de apuestas


TIJUANA, B. C., a 17 de septiembre de 2019.- Al concluir la reunión mañanera de la Mesa Técnica de Seguridad, el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, anunció haber instruido al propuesto secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, integrar un equipo de trabajo para hacer realidad el programa presidencial de dotar al "sur profundo" de internet y red celular.

Se trata de cumplimentar lo dispuesto por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para dotar de estos medios de comunicación a las poblaciones rurales, alejadas de la zona urbana, que están aisladas al grado de que se les complica reportar un accidente en la autopista federal, incidentes violentos o solicitar ayuda para sus comunidades.

A la vez, reiteró que en Baja California va a imperar el orden, sin privilegios para nadie que violente las leyes como es el caso del casino de San Felipe, en el municipio de Mexicali, que "fue clausurado tres veces y las mismas fue reabierto, hasta que finalmente autoridades federales, con orden de cateo, confiscaron las maquinitas de apuestas, por ser señalado como un centro de perversión de menores".

Es un casino ilegal del que ha sido propietario el Lic. Enrique Acosta Fregoso, quien ahora se dice ser solamente representante legal, aunque es sabido que ha sido dueño; y, ese negocio es señalado por la comunidad de San Felipe como un centro de perversión de menores, lo que tiene preocupada a la comunidad.

"Por eso se cerró, se confiscaron las maquinitas, y así va a pasar con todos los casinos ilegales; vale más que, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, se empiecen a portar bien… todos esos casinos, que no tienen permiso, van a ser cerrados, no importa quién sea el dueño. En Baja California no habrá impunidad en casinos ilegales".

VIENE A BC, EL DR. ALFONSO DURAZO MONTAÑO, SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
 
En otros temas de seguridad, el próximo mandatario estatal adelantó que a principios de la próxima semana (posiblemente el lunes 23 de este mes) venga a la entidad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo Montaño, quien viene a supervisar la construcción de instalaciones para la Guardia Nacional.

Hizo alusión también a la vigilancia en las casetas de peaje en las autopistas, luego de haber sido retirados grupos de personas que las tenían "tomadas" y pidiendo "cooperación voluntaria"; vendrán más elementos federales a reforzar la seguridad para usuarios locales y visitantes, con el derecho al seguro de auxilio vial, para que transiten confiados y disfruten su tránsito a sus destinos.

VISITARÁ EL SUBSECRETARIO FEDERAL DEL TRABAJO, LIC. HORACIO DUARTE, LOS ALBERGUES

Otro de los funcionarios federales agendados para visitar Baja California en gira oficial, es el subsecretario Federal del Trabajo, Lic. Horacio Duarte, encargado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para atender el tema de los "albergues integradores", en los que nuestra entidad cuenta ya con 80 de los 83 que van a ser instalados.

En este tema, el Delegado único federal en Baja California, Dr. Jesús Alejandro Ruiz Uribe, comentó que ya se ha estado trabajando en la conformación de comités comunitarios en los que participan estudiantes, padres de familia y comunidad para que decidan la aplicación del recurso que les será proporcionado por el Gobierno de la República, con el objetivo de fomentar la reconstrucción del tejido social.

En la reunión de la Mesa Técnica de Seguridad, participaron también el propuesto secretario General de Gobierno, Dr. Amador Rodríguez Lozano; el Delegado federal único, Dr. Jesús Alejandro Ruiz Uribe; y, el secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Lic. Isaías Bertín Sandoval, quienes acompañaron al futuro jefe del Ejecutivo estatal en la acostumbrada transmisión en vivo en la entrada de la sede de la Policía Federal.

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REPÚBLICA
Internet
Aguirre acusa a EPN de no querer escuchar su versión de Ayotzinapa
Aguirre acusa a EPN de no querer escuchar su versión de Ayotzinapa

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de negarse a conocer la versión de su gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Este martes, Ángel Aguirre, su exprocurador de justicia, Iñaki Blanco, así como el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, sostuvieron una ríspida reunión con los padres de los estudiantes y sus abogados en la Secretaría de Gobernación.

Ángel Aguirre acusó que en la administración federal pasada no se les permitió dar su "versión" ni apoyar en la investigación sobre lo ocurrido la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.

"Por primera vez se nos invita, no nos habían escuchado a la instancia del gobierno estatal. El entonces presidente Peña Nieto se negó a recibirme para que conociera mi versión ¿Por qué? Porque le dijeron es un asunto de carácter local, allá que lo resuelva el gobernador. No dimensionaron la magnitud de esta tragedia", dijo en entrevista con la prensa tras la reunión.

"Hubo una motivación política, que es muy lamentable. ¿Cuál es la razón por la que primero se nos quitó el caso? Puedo entenderlo por la trascendencia de este asunto, pero lo que no puedo entender es que ni siquiera se le haya permitido a la Fiscalía de Guerrero, encabezada en ese tiempo por el licenciado Iñaki, que fuéramos coadyuvantes. Cuando es justamente el exfiscal quien sienta las bases de esta investigación", agregó.

El funcionario defendió el actuar inmediato de su gobierno frente a estos hechos y las indagatorias posteriores.

"Yo hice lo que lo que considero que debía haber hecho un gobernador, prueba de ello es que las únicas detenciones que se dieron el día de los acontecimientos fue las que llevó acabo Iñaki Blanco, procedimos a desarmar a la policía municipal, rescatamos a más de 60 jóvenes que se encontraban desaparecidos y que podían correr la misma suerte que los 43… La mayor parte de quienes fueron consignados por el entonces procurador, ninguno ha salido porque nunca hubo tortura y porque los expedientes fueron debidamente elaborados", señaló. 

Aguirre resaltó que cuando decidió separarse de su cargo como gobernador fue para contribuir en el avance de las investigaciones.

"¿Sirvió de algo mi renuncia? Han transcurrido cinco años y tal parece que el asunto se encuentra igual", señaló y dijo que junto a sus colaboradores ampliara su declaración sobre el caso ante la FGR.

Finalmente condenó que el juez Samuel Ventura Ramos haya ordenado la liberación de 24 policías municipales el pasado sábado. "Hay que juzgar al juzgador también y le corresponde al Consejo de la Judicatura llamarlo para que explique cuáles fueron las motivaciones para poner en libertad a estas personas", apuntó.

A su vez, el exprocurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, sostuvo que la reunión con los padres de los normalistas desaparecidos se tornó ríspida, donde el principal cuestionamiento fue si existió responsabilidad o intervención de las corporaciones policiacas del estado.

"El reclamo es sobre qué acciones se llevaron a cabo para encontrar a los muchachos… hemos dado cuenta puntual de lo que hicimos desde el primer momento que tuvimos conocimiento", dijo Blanco.

77 de los 142 detenidos por caso Ayotzinapa han quedado en libertadLos padres de los 43 culpan a la PGR y FGR por la liberación de policías

A prácticamente cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa estamos prácticamente igual en las investigaciones, criticó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes de la Escuela Normal "Raúl Isidro Burgos".

Vidulfo Rosales comentó que durante la reunión se les preguntó al exgobernador Ángel Aguirre y a exfuncionarios de su gobierno la relación que tendrían elementos de la policía ministerial con miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, pero solo "están dando evasivas".

También, refirió que Iñaki Blanco dijo no tener conocimiento de que antes del descubrimiento del basurero de Cocula –donde supuestamente fueron incinerados los 43 estudiantes de acuerdo con la "verdad histórica– ya había sido custodiado por la policía estatal. "Lo único que responde el exsecretario de seguridad es que él no tiene ese dato. Hay evasivas y huecos de información".

Rosales lamentó que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa no tenga facultades coercitivas y no pueda ahondar en los cuestionamientos como si lo podría hacer la Fiscalía General de la República. 

Respecto a las 24 liberaciones realizadas por el juez Samuel Ventura Ramos, el también activista sostuvo que lamentablemente "juzgó con lo que tenía en la mano y lamentablemente lo que tenía eran pruebas declaradas nulas, entonces, ¿cómo iba a condenar con eso?".

"Para nosotros era una investigación irregular, era una investigación plagada de inconsistencias con tortura de por medio, y era evidente que esas pruebas se iban a excluir y que no iban a alcanzar para una condena. Creo que la responsabilidad radica en la PGR de la administración anterior y parte también de este fiscal por no haber hecho las previsiones legales para evitar la salida de estas personas", sostuvo.

Urgió a la Fiscalía General de la República para que evite que queden en libertad los más de 70 detenidos por los acontecimientos de Iguala.

"Estamos igual, estamos en un bache del cual no podemos avanzar y esto va a depender de la FGR para que se den pasos sólidos", apuntó.

CNDH lamenta liberación

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó la liberación reciente de 24 personas inculpadas en el "caso Iguala" y pidió que todos los procesos iniciados sean sustentados con pruebas sólidas.

"El hecho de que algunas de las pruebas existentes en el expediente se haya determinado que jurídicamente no son válidas, en tanto se habrían obtenido de manera indebida durante las investigaciones, no resta valor o anula al resto de las evidencias, información y elementos objetivos de convicción con que las autoridades cuentan, cuestión que debe ser señalada y defendida dentro de las causas judiciales", dijo en un comunicado.

El organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez comentó que la verdad en el "caso Iguala" es una y no puede estar sujeta a coyunturas o intereses de ninguna índole, más que al compromiso de que las víctimas obtengan la justicia, reparación a la que tienen derecho y evitar que este asunto quede en la impunidad.

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