por: Fernando Ruiz del Castillo
ALGO CADA DÍA


 

La lucha contra la corrupción ha sido, por décadas, una de las frases preferidas de los candidatos a diversos puestos de elección popular, tanto a nivel federal como estatal y municipal e incluso, hasta escolar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha tomado como su principal lema.

No hemos llevado la cuenta, pero seguramente son cientos de miles las menciones que de la palabra "corrupción" ha hecho en su larga vida política.

Igual fue retomada por el ahora gobernador Jaime Bonilla Valdez durante su campaña a la gubernatura del Estado y aunque en menor número, también fue utilizada por la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Han sido también docenas las advertencias sobre denuncias que anteceden o preceden a la palabra de marras e incluso hasta le ponen nombres y apellidos, cargos y posiciones.

No han sido pocas las ocasiones en las que, por citar un ejemplo local, el gobernador Bonilla Valdez ha señalado que se está investigando por corrupción y desvío de recursos públicos por al menos 1,700 millones de pesos al exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, a los exsecretarios de finanzas Antonio Valladolid, Bladimiro Hernández Díaz y la exoficial mayor, actual diputada local por el Partido Acción Nacional, Loreto Quintero.

Durante su campaña fue muy claro al señalar que se actuaría en contra de quienes, sin importar su nombre y posición política, haya actuado en contra de los intereses de los bajacalifornianos.

La mayoría de los ciudadanos, hartos de los excesos y abusos de gobernantes emanados del Partido Acción Nacional, vieron en el candidato morenista la esperanza para que se ejerciera acción penal en contra de quienes llevaron a Baja California a un desastroso estado económico que amenaza con mantenerse por tiempo indeterminado.

Por esa esperanza votaron.

Por ese discurso insistente, reiterado y que reflejaba los anhelos ciudadanos para acabar con la corrupción, Jaime Bonilla llegó a la gubernatura del Estado.

Todo ello como consecuencia del hartazgo contra el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, donde las evidencias sobre desvíos de recursos públicos fueron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación en los últimos cinco años.

Muchos casos más fueron expuestos en algunos medios de comunicación relacionadas con adjudicaciones directas de multimillonarios contratos, licitaciones "a modo" para determinados proveedores, obras inconclusas, evasión fiscal, etcétera.

Pero hasta el momento todo sigue igual.

Las ruedas de la justicia y de la fiscalía anticorrupción parecen estar enmohecidas y, en consecuencia, frenadas. No hay avances y, la verdad, ni siquiera estamos seguros de que haya alguna carpeta de investigación abierta.

Han transcurrido dos meses y medio ya desde que Jaime Bonilla Valdez asumió la gubernatura del Estado. Lo hizo con todo el aparato de poder y legal a su favor.

Es tiempo más que suficiente para que haya terminado de aceitar la maquinaria y eche a volar el motor de la justicia.

Los bajacalifornianos lo están esperando y no parecen estar dispuestos a esperar mucho tiempo, mientras que los señalados disfrutan de las mieles de la corrupción y la impunidad.

 

BAJA CALIFORNIA
ANUNCIAN TAXISTAS DE MEXICALI
Redacción


• Anunciaron que habrá movilizaciones de los trabajadores del volante, para exigir a la autoridad, se aplique que el Reglamento de Transporte a las aplicaciones digitales, que prestan el servicio de transporte público.
Mexicali, B.C., a 16 de enero del 2020.- Taxista de Mexicali se declararon a partir de hoy, en "huelga de pagos", en protesta de la flexibilidad que ha tenido el Sistema Municipal del Transporte (Simutra) de Mexicali y el Gobierno de la ciudad, al aplicar el Reglamento de la Transporte del Municipio, ante la laxitud de la postura de la autoridad con las plataformas digitales que prestan el servicio de transporte público.
Lo anterior, fue anunciado en rueda de prensa, por el presidente de la Liga de Chóferes de Mexicali, Ricardo Aguilera Raygoza, quien consideró que el Simutra está aplicando un criterio desigual, entre los permisionarios de taxi y las plataformas digitales.
"Si el reglamento señala, que, a partir del 1 de enero del 2020, las plataformas digitales y los conductores deben inscribirse en un padrón y pagar una serie de derechos al municipio, y de no hacerlo, serán sancionados, se debe aplicarse el reglamento y no dar prorrogas", expuso.
El líder de los taxistas puntualizó que en este sentido exigen "piso parejo" para todos y si hay periodo de gracia para las plataformas digitales, también tiene que haberlo, para que los permisionarios cumplan con el pago de sus derechos, que se tienen que cumplir anualmente.
"Mientras nosotros somos clientes cautivos, a las plataformas le dan tiempo de gracia", manifestó.
Dijo que, dentro de esta protesta, no permitirán que ningún taxista sea multado o sancionado, ya que, si hay tolerancia para las plataformas, también debe de haberla para los permisionarios.
"No vamos a permitir que ni nos multen, ni que nos arrastren los taxis, es una acción de rebeldía en protesta, por el trato preferencial, a las plataformas", dijo el líder de los taxistas.
Aguilera Raygoza adelantó que habrá movilizaciones en protesta, y la primera la realizarán el próximo miércoles 22 de enero del 2020, en las inmediaciones de Palacio Municipal de Mexicali.
"Estaremos así, hasta que haya piso parejo para todos", finalizó.

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REPÚBLICA
Redacción
Coordina Gobierno Federal acciones para combatir lasubcontratación ilegal
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El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó la importancia de revisar datos y denunciar irregularidades en el registro salarial

 

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Indicó que se integró un grupo de trabajo contra la subcontratación ilegal que busca proteger los derechos de los trabajadores y sus familias. De septiembre a diciembre de 2019 fueron detectadas mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, que concentran a más de 860 mil trabajadores.

 

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, informó que el Gobierno Federal lleva a cabo acciones coordinadas para combatir la subcontratación ilegal, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los trabajadores.

 

Al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, informó que se llevará a cabo una campaña de difusión masiva a nivel nacional para sensibilizar a los trabajadores respecto a sus derechos laborales, la importancia de revisar sus datos ante el IMSS y asegurar el correcto registro salarial por parte de las empresas.

 

En Palacio Nacional, Zoé Robledo destacó que la verificación de la vigencia de derechos al Seguro Social se puede realizar en línea para que así conozcan cómo los tienen contratados los patrones.

 

"Eso va a permitir la denuncia ciudadana por parte de los propios trabajadores, que al final son los más afectados cuando vean que el monto de la pensión no corresponde a lo que estuvieron ganando, porque los tenían registrados con un sueldo inferior", indicó.

 

El titular del IMSS señaló que la creación del grupo de trabajo interinstitucional contra la subcontratación ilegal, en el cual participa el propio Instituto, la Secretaría del Trabajo, el Infonavit, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha dado resultados.

 

Refirió que de septiembre a diciembre se identificó a un primer grupo de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, las cuales concentran a cerca de 860 mil trabajadores con probable afectación en sus derechos laborales y de seguridad social.

 

Zoé Robledo destacó que para este año se están planteando nuevas acciones para empresas que, de manera irregular registran a sus trabajadores con un monto diferente a su salario real.

 

Indicó que las acciones del grupo de trabajo se han concentrado en siete operativos especiales a grandes empresas con esquemas de subcontratación en sectores como hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéutica, minería y producción de alimentos.

 

"En estos operativos se han detectado a 10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente y a cerca de 36 empresas subcontratistas involucradas, es decir, es todo un esquema realmente sofisticado de empresas que, cada vez que había una acción de autoridad, saltaban a otra empresa o movían a la nómina", subrayó.

 

El director general del IMSS dijo que se trabaja en conjunto entre instituciones para que la información que los patrones le reportan al SAT sea idéntica a la que reportan al Seguro Social, y que las facultades de todos, en términos de inspección y fiscales, sean empleadas de manera integral.

 

Enfatizó que el subregistro y la subcontratación ilegal también afectan los ingresos públicos, en particular al Seguro Social, porque no llegan los montos por la vía de cuotas que corresponde al salario de los trabajadores, lo cual durante años ha impedido mejorar la atención médica, el crecimiento en infraestructura y la capacidad instalada.

 

"Vamos a continuar de manera muy decidida, muy intensa, aplicando este tipo de trabajo coordinado, primero para algo que está desde hace un año, desde hace mucho tiempo, en el sentir de los mexicanos: se tiene que acabar la impunidad, nadie puede entrar a uno de estos esquemas sabiendo que es de carácter ilegal, pensando que no va a pasar nada y que puede seguir lucrando a costa de los derechos de los trabajadores", subrayó Zoé Robledo.

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