Con el arranque de los foros para la reforma de Estado, que incluye el tema electoral donde destaca la eliminación de los OPLES, se abre un amplio debate sobre la conveniencia de llevar a ese terreno la austeridad republicana que muchos ven como un retroceso en el muy accidentado camino de la construcción de la democracia.

 

Básicamente la iniciativa contempla la desaparición de los Organismos Locales Electorales (en el caso de Sonora, el IEEyPC), cuyas funciones serían asumidas por los consejeros locales del INE. Una medida como esta se traduciría en un ahorro de entre 14 mil y 20 mil millones de pesos al año y, algo que no se dice pero se sabe, minaría la influencia de los gobernadores en la elección de consejeros electorales estatales.

 

En este tema se ha avanzado mucho en los últimos años, desde aquellos tiempos en que sin miramientos, dichos consejeros eran designados sin rubor desde la oficina del Ejecutivo en turno, y era el propio secretario de Gobierno quien presidía el organismo electoral.

 

Hoy este proceso recae en el Congreso del Estado y la pluralidad de su representación, y aun así siempre genera polémica.

 

La propuesta de eliminar los OPLES viene de Morena, a través de un viejo conocido en Sonora: Sergio Gutiérrez Luna, un abogado veracruzano que fue "importado" por Guillermo Padrés Elías como operador electoral (eufemismo con el que suele aludirse a los que en otro tiempo se conocían coloquialmente como "mapaches") y en la recta final del padrecismo fue encargado de implementar en Sonora el nuevo sistema de justicia penal, donde terminó en medio de acusaciones sobre mal manejo de los recursos para esa tarea.

 

De 2015 a 2018 Gutiérrez Luna se lució con una espectacular maroma en la que brincó desde Sonora al Estado de México como representante de Morena en el organismo electoral de aquella entidad; luego apareció como suplente de Horacio Duarte Olivares, candidato a diputado federal que, tras ganar la elección fue llamado por el gobierno federal para ocupar la subsecretaría de Empleo en la Secretaría del Trabajo.

 

Recientemente, Gutiérrez Luna fue enviado como delegado de Morena en Baja California, donde su partido ganó el carro completo, con muy baja participación ciudadana, pero carro completo al fin.

 

Al señor no se le puede regatear su sentido de la oportunidad (oportunismo, que le llaman otros), ni su conocimiento de la cosa electoral, algo que lo tiene hoy bajo los reflectores nacionales, con la organización de los foros para la reforma de Estado, y particularmente con el tema de la reforma electoral.

 

Una reforma que algunos ven con reservas, pues la consideran un retroceso hacia el centralismo de los viejos tiempos, donde el presidencialismo salvaje era el principal freno a la transición democrática.

 

La iniciativa es mucho más amplia e incluye la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos en un 50 por ciento entre otros temas polémicos. Pero lo que ha levantado más extrañamientos es la capacidad que pudiera tener el INE, con sus limitados recursos económicos, materiales y sobre todo humanos, para hacerse cargo de los procesos estatales y municipales garantizando limpieza y transparencia.

 

La desaparición de los OPLES bajo el criterio de que generan mucha burocracia, dilapidan los recursos públicos y se prestan a actos de corrupción, se inscribe sin duda en lo que ya es una política de gobierno institucionalizada en la Cuarta Transformación: ante la más mínima sospecha de corrupción, ésta no se combate con sanciones, sino que se erradica cancelando, eliminando programas o dependencias.

 

En una desafortunada metáfora, es como si a un enfermo de cáncer se le negara la quimioterapia para aliviarlo, y en lugar de ello se optara por matarlo, con lo que ciertamente le eliminan el cáncer, pero con todo y paciente. Como tirar el agua donde bañaron al niño, con todo y niño, pues.

 

El tema estará en la agenda pública de los siguientes días y ya veremos cómo evoluciona.

 

II

 

Impresionante la respuesta ciudadana en redes sociales al operativo de decomiso de carros "chuecos" que iniciaron ayer autoridades de los gobiernos estatal y municipal. La gran mayoría aplaudió esas acciones y hasta hubo quien llamó a radicalizarlas, decomisando no sólo los automóviles de lujo que circulan con placas "pafa", sino que deberían agarrar corte parejo.

 

La reacción se entiende si se considera que en Hermosillo existen unos 200 mil automóviles ilegalmente introducidos al país y afiliados a diversas organizaciones "protectoras del patrimonio familiar". Es decir, hay un carro chueco por cada dos carros nacionales, y un "chocolate" por cada cuatro habitantes de la ciudad.

 

Eso explica no sólo el congestionamiento vial en horas "pico" (y casi a cualquier hora), pero también el agudizamiento de problemas relacionados con la contaminación, los accidentes y hasta la comisión de delitos.

 

El problema es, sin embargo, complejísimo. Hay miles de ciudadanos que ahorran 30 o 40 mil pesos durante uno o dos años de magros ingresos, para hacerse de un auto que resuelva los problemas de movilidad urbana en sus familias, sin opciones frente a un sistema de transporte colectivo deplorable y caro.

 

Por otro lado están los menos, aquellos que, pasados de lanza, se hacen de vehículos lujosos y de modelo reciente, aprovechando la porosidad de la frontera norte donde la corrupción de autoridades municipales, estatales y federales han permitido el ingreso de esos automóviles que hoy están en la mira de los operativos.

 

Me dicen que estos operativos comenzaron a instancias del gobierno municipal de Hermosillo y que van sobre autos irregulares modelo 2010 en adelante. Modelos anteriores no serán decomisados si tienen vigente su afiliación y licencia en el caso de su propietario.

 

Autos de marcas como BMW, Audi, Mercedes, Jaguar y otras, serán decomisados sin importar el modelo.

 

Otra duda flotando en el aire es el destino de la iniciativa de ley que promueve la senadora Sylvana Beltrones para regularizar autos extranjeros.

 

III

Al no haber resultados en las pláticas que dirigentes de la CTM entablaron con autoridades federales, señaladamente las del IMSS, esa organización reiteró que a partir del próximo 20 de junio comenzarán a presentar los emplazamientos a huelga en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

 

Javier Villarreal Gámez, dirigente estatal de la CTM informó que no hubo respuesta a sus demandas de mejor servicio en el IMSS; Infonavit, Fonacot y SAT, por lo que el 9 de julio podría estallar la huelga masiva en unas dos mil empresas en el estado.

 

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